La inclusión laboral en Chile ha dado pasos importantes, especialmente con la Ley 21.015, que obliga a empresas de más de 100 trabajadores a contratar al menos un 1 % de personas con discapacidad. Sin embargo, el cumplimiento aún es bajo: menos de la mitad de las organizaciones alcanza lo exigido por la normativa.
En la industria alimentaria y gastronómica se observa un despertar positivo. Existen iniciativas incluso en pequeñas empresas con menos de 100 trabajadores, lo que demuestra que la ley ha inspirado acciones más allá de las exigencias legales. También se han implementado programas de formación técnica en producción de alimentos dirigidos a personas con discapacidad, fortaleciendo tanto las competencias como la empleabilidad en este sector clave para la economía.
A pesar de los avances, persisten brechas importantes: casi el 50 % de los contratos de inclusión se concentran en la Región Metropolitana, mientras que otras regiones muestran cifras muy bajas. Además, las mujeres con discapacidad enfrentan brechas salariales cercanas al 7 % respecto de los hombres, lo que evidencia un reto pendiente en equidad de género.
La industria de alimentos tiene una gran oportunidad: integrar diversidad fortalece la innovación, mejora la cultura organizacional y responde a consumidores que valoran prácticas responsables. Pero para que la inclusión sea sostenible, es necesario reforzar la fiscalización, ofrecer incentivos claros y trabajar en la retención de talento diverso.
La inclusión no debe entenderse solo como un requisito legal, sino como un valor estratégico. El desafío está en transformar estas señales alentadoras en un cambio estructural, donde la diversidad sea un ingrediente esencial en cada organización del sector alimentario.